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CONTRA LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA PARA PERSONAS EN PARO

En diciembre del 2011 el Gobierno Vasco aprobó la “Ley 4/2011 de 24 de noviembre de modificación de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”. Dicha ley restringía de manera grave derechos sociales consolidados por impedir, mediante criterios restrictivos, el acceso a las prestaciones sociales a miles de personas; así como por expulsar del propio sistema otras tantas miles más.

Uno de los artículos de dicha ley es el 19.1.i bis (obligaciones de las personas perceptoras): “Mantenerse tanto la persona titular como los miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando de forma extraordinaria sea requerido por la Administración, a través de organizaciones de acción voluntaria del territorio”.

Dicho artículo cambiaba totalmente la filosofía de anteriores legislaciones sobre prestaciones sociales en la CAPV al obligar a una contraprestación por acceder a un derecho básico como es tener recursos económicos mínimos para vivir. Esta contraprestación no se da en ningún otro campo de los derechos sociales: educación, sanidad, servicios sociales, justicia, etc.

La inserción de este artículo solo obedece a la intención de criminalizar a las personas con escasos recursos económicos y dificultades para llegar a fin de mes. Castigándolas por percibir una prestación social; y equiparándolas a quienes son sancionadas por conductas que la administración considera delictivas.

Además, la puesta en marcha de este programa, conllevará la pérdida de miles de empleos públicos en el área de los servicios sociales, programas de ayuda domiciliaria o en el ámbito de la Ley de Dependencia. 

Hay que tener en cuenta que al final de la legislatura pasada el anterior Gobierno Vasco ya intentó implementar un programa de trabajos en beneficio de la comunidad en materia de protección civil. Idea que fue imposible de realizar tanto por la dificultad de obtener un encaje legal, como por imposibilidades técnicas, de protocolos de actuación y, en algún caso, por discrepancias filosóficas ante un voluntariado obligado compartiendo tareas con quienes son personas voluntarias libres.

Durante el año 2013 -y a través de continuos ataques a las personas perceptoras de RGI y PCV por parte del Gobierno Vasco, diversos medios de comunicación y algunos partidos políticos-, se comienza a preparar un nuevo intento  de implantar  la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios. Intento que culmina hace unas semanas con un informe encargado a la FUNDACION SARTU con el apoyo del centro de documentación y estudios SIIS. Tras dicho informe hay intención de crear un proyecto piloto que será efectivo de manera inmediata; tras el cual se generalizará esta prestación social sustitutoria para las personas desempleadas y beneficiarias de las prestaciones sociales del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Dicho informe, así como la comparecencia del “Consejero de Empleo y Asuntos Sociales”, Juan María Aburto,  en comisión parlamentaria, reconocen que dicho artículo no tiene encaje legal por colisionar con otras leyes y derechos fundamentales en materia de trabajo y seguridad social; así como por utilizar el concepto legal de “trabajos en beneficio de la comunidad”, el cual es reconocido jurídicamente como sanción a hechos delictivos.

Así mismo para evitar incumplir la ley en materia de trabajo (no pueden ser sustitutivos de empleos o impedir que los haya en un futuro), se recurre a la fórmula de trabajos o actividades no prioritarias; es decir, que aquello que no se hace de manera regular por falta de recursos económicos se puede incluir en este trabajo obligatorio gratuito.

En base a todo lo anteriormente expuesto exigimos:

1º La inmediata eliminación del artículo 19.1 i bis por vulnerar gravemente el acceso a un derecho como son las prestaciones sociales y condicionándolo a la realización de trabajos comunitarios no remunerados.

2º La paralización inmediata de cualquier proyecto que suponga una prestación social sustitutoria para aquellas personas perceptoras de las prestaciones gestionadas por Lanbide.

3º Que la utilización de los fondos públicos que se pretende destinar a dichos programas se reviertan en el aumento de la cuantía de las prestaciones sociales recortadas durante los últimos 3 años en un 7%.

4º Que no se criminalice a las personas perceptoras de las prestaciones sociales; como si fuesen culpables de su situación y además lo hiciesen de manera fraudulenta.

En definitiva, sólo nos cabe reiterar nuestro total apoyo a quienes puedan ser obligadas a participar en dichos programas de “trabajo en beneficio de la comunidad” o “actividades de participación social en beneficio o interés de la comunidad”. Por este motivo, alentaremos y defenderemos la insumisión a dichas prácticas; así como denunciaremos públicamente a quienes se aprovechen de dichas personas para obtener personal gratuito y sin derechos.

La mitad de los jóvenes cree que no encontrará un empleo ajustado a su formación

Casi la mitad considera bastante probable que tenga que marchar al extranjero para poder desarrollar una carrera profesional.

Aunque los jóvenes se declaran satisfechos con su vida, sus expectativas en trabajo y emancipación no son positivas.

¿Están los jóvenes satisfechos con su vida? Esta es la pregunta a la que trata de responder una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud a más de 1.516 jóvenes de entre 15 y 29 años y 943 mayores de 30 años. Lo que se desprende es que la juventud está satisfecha, en líneas generales, con su vida. Pero se trata de una visión muy relativa, ya que cuando son interpelados por dos cuestiones cruciales como el empleo y la emancipación sus expectativas bajan de manera radical. Hasta el punto de que más de la mitad cree que no encontrará un trabajo acorde a su formación, otro 47% asegura que ve muy probable tener que emigrar al extranjero para poder desarrollar una carrera profesional y un 45% no ve posible emanciparse y salir del hogar de sus padres.

El estudio, que se repetirá de forma cíclica, tiene como objetivo conocer cómo percibe la juventud su futuro, desde la actual situación de crisis económica y con un paro juvenil del 29%, que dobla prácticamente el porcentaje de desempleo global en Euskadi. La media de satisfacción personal de la juventud con los aspectos básicos de la vida supera el 80% en cuestiones como la familia, la salud y las amistades.

El mayor desajuste con esa satisfacción personal surge en lo relativo al empleo y la emancipación, y a sus perspectivas a corto plazo (cinco años). Cuatro de cada diez jóvenes dicen que se encuentran en riesgo de pérdida de su empleo en el plazo de un año y un 18% cree que se enfrenta con un riesgo medio de desempleo, pero que sus condiciones de trabajo serán cada vez más precarias. El otro 43%, en cambio, considera que en el plazo de un año no se verán afectados ni su empleo, ni sus condiciones.

En lo relativo a la emancipación, prácticamente la mitad de la juventud cree que esa posibilidad no existe, bien porque no podrán independizarse del hogar familiar, bien porque pronostican que, si se van, tendrán que regresar. Curiosamente, el colectivo los jóvenes desempleados son los más optimistas respecto al futuro (71%).

Multan a las asambleas de parados por ocupar una sede de Lanbide

El colectivo de parados de la Margen Izquierda y zona minera se manifiesta en el Ayuntamiento de Sestao.

Las asambleas de parados y colectivos sociales de la comarca de la Margen izquierda y zona minera se han concentrado este jueves en las escaleras del Ayuntamiento de Sestao en protesta por una sanción de 600 euros, recibida tras una concentración en el interior de la sede de Lanbide en Sestao.

El colectivo, que habitualmente se reúne todos los jueves frente al Consistorio de la localidad en protesta contra el paro y la situación actual, ha sumado este jueves a su reivindicación semanal una nueva desaprobación por la multa que les fue notificada a raíz de “una concentración pacífica” que llevaron a cabo en 2013.

“En febrero del año pasado ocupamos Lanbide e hicimos una sentada pacífica contra su mala gestión, porque ni ayudan a combatir el paro ni dan salida rápida a todas las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o con una mala situación económica en sus casas”, ha explicado esta mañana Aingeru Azpiolea, representante del colectivo. A consecuencia de este acto, la asamblea de parados de la Margen Izquierda recibió una sanción de 600 euros que deben pagar antes del día 15 de este mes, aunque actualmente se encuentra en trámite de recurso por segunda vez.

“Ningún trabajador de la entidad denunció nuestra actitud, pero llegó la Ertzaintza y desalojamos tranquilamente. Fuera pedimos permiso para realizar una concentración y, por lo visto, han encontrado la excusa para multarnos por haber abierto la pancarta diez minutos antes de lo permitido”, ha detallado Azpiolea sobre la sanción impuesta, puesto que la consideran “injusta”.

“Cuando sucedió ya lo denunciamos, pero ahora vamos a seguir protestando. Nuestra intención es hacer una recolecta céntimo a céntimo entre toda la Margen Izquierda de los 600 euros como un acto simbólico. Así verán que en nuestras casas no entra el dinero porque estamos en una mala situación y que a un parado le cuesta mucho llegar a fin de mes como para que encima nos metan un palo como este”, anunciaba el representante. “Aquí nadie hace nada por esta situación, pero esta es una forma de demostrarles que no nos vamos a ir a casa y que seguiremos levantando la voz ante lo que estamos pasando”, afirmaba.

Así, Azpiolea también denunciaba que los recortes cada vez son mayores y las ayudas de Lanbide de la RGI no dan una solución inmediata en los casos más graves. “Nos venden en televisión que la tasa de paro está mejorando, pero nosotros lo que nos encontramos a nuestro alrededor es que cierran más empresas. Sabemos que la situación es complicada, pero luego tenemos compañeros en obras y fábricas que están metiendo horas extra. Eso es algo que no podemos entender, que tengamos el 26% de paro en la Margen Izquierda y no se haga nada”, declaraba esta mañana.

Azpiolea ha asegurado que no tienen pensado parar y que continuarán “lo que haga falta”. “Nosotros no tenemos que poner soluciones, las tienen que poner ellos que son políticos. En las elecciones nos venden bien la moto de todo lo que van a hacer, pero cuando pasan se olvidan de los pueblos”, ha apuntado.

De este modo, el colectivo de parados de la Margen Izquierda y zona minera ha anunciado que seguirá con su campaña de movilizaciones. Mañana realizarán una marcha contra el paro desde Las Carreras hasta Gallarta. El viernes siguiente continuarán con otra movilización que les llevará desde el Ayuntamiento de Gallarta hasta el Campillo y el próximo recorrerán Santurtzi desde Kabiezes hasta el Consistorio local. “Así vamos a seguir en la calle hasta que nos den una solución”, ha insistido el portavoz.